El marco regulatorio de la publicidad del juego en España continúa atravesando una etapa de incertidumbre, con importantes interrogantes sobre su evolución futura y sobre el alcance real de las restricciones actualmente vigentes.
Así lo expone Patricia Lalanda en un reciente análisis publicado por VIXIO GamblingCompliance, en el que examina la situación del sector dos años después de que el Tribunal Supremo anulase varios aspectos relevantes del Real Decreto 958/2020, entre ellos la prohibición del uso de influencers y personajes públicos en las campañas publicitarias de operadores de juego.
Según la interpretación de la experta, aunque la sentencia abrió la puerta a que los operadores puedan volver a colaborar con influencers, la realidad práctica es más compleja. Lalanda considera que la aparente flexibilización normativa es “más evidente que real”, ya que las principales preocupaciones regulatorias relacionadas con la protección de menores, la prevención del juego problemático y la limitación de la exposición social al juego continúan siendo prioridades para las autoridades.
Además, una parte sustancial del marco regulador establecido por el Real Decreto permaneció intacta tras la decisión judicial, lo que mantiene importantes obligaciones y limitaciones para los operadores.
El análisis también aborda los posibles escenarios futuros, entre ellos la posibilidad de que el Gobierno impulse un nuevo intento de recuperar algunas de las restricciones anuladas por el Supremo, esta vez mediante una norma con rango legal que refuerce su seguridad jurídica.
Asimismo, destaca un cambio de enfoque regulatorio que podría cobrar relevancia en los próximos años: una mayor implicación de los proveedores en la arquitectura de cumplimiento normativo del mercado español, ampliando las responsabilidades dentro del ecosistema regulado.
En un contexto marcado por la evolución legislativa y la creciente atención sobre la protección de los consumidores, el estudio ofrece una visión detallada de un entorno que continúa operando bajo un notable grado de ambigüedad y que seguirá siendo objeto de seguimiento por parte de operadores, proveedores y reguladores.
